En 2016, cinco años después de los acuerdos de Busán2, tuvo lugar la Segunda Reunión de Alto Nivel (RAN2) de la AGCED, donde se redactó el Documento Final de Nairobi (DFN). Dicho documento buscó, por un lado, cumplir, defender y monitorear los compromisos y principios3 acordados en materia de eficacia del desarrollo y la ayuda (EDA). A través de la EDA, la AGCED secomprometió a invertir la tendencia de reducción del espacio cívico contraria a los derechos humanos para garantizar un entorno favorable para la sociedad civil y asegurar la rendición de cuentas de todos los actores del desarrollo. Todo ello con el objetivo de defender los derechos humanos, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, y de fortalecer el papel de la AGCED como una plataforma inclusiva de múltiples partes interesadas unidas por una mutua rendición de cuentas.

A pesar de estos renovados esfuerzos en pro de la cooperación eficaz para el desarrollo, persisten numerosos desafíos que impiden el cumplimiento de los compromisos en materia de CED. Desde 2011 los avances logrados han sido mínimos y apenas notables, y varios actores del desarrollo se han retractado de sus compromisos en materia de la CED. Iniciativas como establecer un entorno favorable para la sociedad civil, desligar la ayuda y utilizar los sistemas nacionales como primera opción, entre otras, se han implementado de forma lenta. En ciertos casos, incluso han caído en saco roto. Hace ya tiempo que debería haberse prestado atención a los “asuntos pendientes” de París, Accra y Busán.4 Organizaciones de la sociedad civil, quienes han sido reconocidas como aliadas del desarrollo de igual importancia, observamos cómo cada vez más experimentan la reducción del espacio y la financiación. Donantes y socios están mostrando desinterés por salvaguardar los derechos humanos,