La circunscripción de América Latina y el Caribe de la Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Eficacia del Desarrollo (AOED-ALC) con presencia en 12 países de la región, manifiesta públicamente sobre la grave situación política y de derechos humanos en Perú:
En Perú, un parlamento que según las encuestas publicas cuenta con el rechazo de más del 90% de la población, que obstruyó y buscó derrocar al presidente Pedro Castillo desde el inicio de su gobierno, terminó destituyéndolo en un proceso ilegal. Asimismo, el poder judicial mantiene al expresidente en una escandalosa prisión “preventiva”.
Por su parte el gobierno de facto de Dina Boluarte ha derivado en una dictadura militar policial, marcada por asesinatos, detenciones y persecuciones políticas generalizadas, especialmente siniestras, irresponsables y antidemocráticas en los medios de prensa, radio y televisión de Lima.
En ese contexto, lamentamos la dolorosa muerte de veintinueve ciudadanos peruanos, producto de la represión policial y militar a las masivas manifestaciones de protesta ante el actual gobierno, que sacuden y paralizan buena parte del país en estos momentos.
Por lo anterior, desde la AOED-ALC, nos solidarizamos con sus familias y comunidades y nos sumamos al llamado para que cesen las muertes y se abandone la política actual de enfrentar el descontento de una parte significativa de la población, con criminalización y represión política y se establezca un auténtico dialogo y construcción de consensos mínimos para la estabilidad y el desarrollo del país.
El respeto a la vida del ser humano, como lo señalan los más fundamentales principios éticos y las normativas internacionales, debe estar por encima de cualquier otra consideración y es el estándar de exigencia básico para la legitimidad y utilidad de cualquier gobierno.
La actual crisis política es el corolario de una larga crisis del sistema político peruano, cuya mayor expresión es la existencia de seis presidentes en los últimos seis años, dos elegidos democráticamente en elecciones generales y cuatro elegidos por el congreso, haciendo uso y abuso de cuestionados resquicios legales de la actual institucionalidad, de lo cual surge la demanda inevitable y cada vez más incontenible de cambiar esta institucionalidad evidentemente desgastada y en crisis, por una nueva, mediante un proceso constituyente que debe comenzar con una consulta constituyente, para que la ciudadanía toda, única mandatada y legitimada para ello, decida si es necesario o no, este cambio. Esta realidad fundamental no puede soslayarse, sin pagar el precio de prolongar y agravar la crisis.
Hacemos un llamado a la responsabilidad de los actores políticos, el congreso, principal responsable de esta crisis, la presidenta de facto, las fuerzas armadas y policiales, todas las fuerzas políticas, sin exclusiones, y los medios de comunicación, especialmente de Lima, que ahora mismo juegan un papel parcial e irresponsable de persecución política, para hacerse cargo de esta realidad, acogiendo las demandas de la ciudadanía para dar salida a la crisis. En particular, el llamado inmediato a nuevas elecciones generales que den legitimidad democrática al orden político. Para ello, un camino posible es la renuncia de Dina Boluarte, la renuncia de la mesa directiva del congreso nombrando un/a nuevo/a presidente/a del congreso que dé mínimas garantías de credibilidad y consenso para un gobierno provisional de transición cuya tarea sea el llamado a nuevas elecciones generales y a una consulta constituyente para que el pueblo se pronuncie y decida los destinos del país, como lo exige un mínimo de democracia. El presidente Pedro Castillo debe ser liberado, dadas las ilegalidades formales y de fondo de su detención y anuladas las evidentemente absurdas acusaciones de rebelión armada en su contra.
Los ojos del mundo observan al Perú y ven con preocupación y hasta con escándalo que el actual gobierno utilice a la Policía Nacional para organizar, públicamente, en documentos y vídeos oficiales, registrados en la página oficial de la policía y en los medios de comunicación, marchas de un sector político; y que el congreso asuma de hecho funciones constituyentes que la legalidad le prohíbe, para tratar de capturar otros poderes autónomos del Estado, como los Organismos Electorales, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial, además de buscar ser reelectos, a pesar y en contra del abrumador rechazo público de la mayoría del país.
Confiamos en que, recuperando un camino democrático y participativo, el pueblo peruano sabrá reformar su sistema político, darle legitimidad y convertirlo en instrumento de paz y desarrollo para solucionar las tareas pendientes de igualdad e inclusión.
Abajo el estado de emergencia, libertad a Pedro Castillo, renuncia de Dina Boluarte y la Mesa Directiva del Congreso, nuevo gobierno de transición para llamado inmediato a elecciones generales y consulta constituyente con cierre del congreso.
Respeto a la vida y democracia para el Perú.
Solidaridad con el pueblo peruano.