Por Mia Grace Malit* y Josefina Villegas
En diversos ámbitos, los activistas y defensores del medio ambiente han opinado que la financiación del clima, si no la acción climática, debe basarse en los principios de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas. Sin embargo, en la última década se ha ido gestando un escenario sombrío, en el que las naciones desarrolladas que deberían estar a la cabeza de la ayuda y las reparaciones climáticas dejan mucho que desear en sus compromisos y promesas, plasmados en sus informes bienales y en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). [1]
Hoy en día, las contribuciones voluntarias, «de apropiación nacional», se han convertido en la nueva norma en la prestación de ayuda climática. La situación exige que se redoblen los esfuerzos para garantizar que la financiación climática sea, ante todo, eficaz, participativa y esté en sintonía con las necesidades de los países en desarrollo del Sur. Estos países llevan mucho tiempo pagando el precio del colapso del clima y las catástrofes resultantes, algo a lo que ellos mismos han contribuido en menor medida.
¿Cómo garantizar que la promesa de financiación climática que hacen continuamente los emisores históricos del mundo, año tras año, vaya más allá de la mera palabrería y tenga un impacto duradero, especialmente a nivel nacional?
En consonancia con su defensa de la universalización de la Cooperación Eficaz al Desarrollo (CED), la AOED pretende situar la urgencia de la emergencia climática y sus graves incidencias en las comunidades en el centro del discurso sobre el desarrollo. Sostiene que la financiación del clima debe basarse en los cuatro principios de la eficacia del desarrollo: la financiación de las acciones climáticas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) debe defender la apropiación democrática, la transparencia y la responsabilidad, las alianzas inclusivas para el desarrollo y centrarse en los resultados determinados por los países.
Los debates y las acciones actuales en el ámbito de la financiación del clima revelan múltiples lagunas en la aplicación de estos principios. Éstas, a su vez, obstaculizan la acción climática para reducir las actuales emisiones de GEI y el aumento de la temperatura global.
El llamamiento a la eficacia en la financiación del clima representa una oportunidad para todas las partes interesadas en el clima. Para la sociedad civil en particular, la eficacia ayudará a desarrollar el mecanismo en uno que incluya y empodere a las comunidades a nivel nacional, regional y sectorial.
La propuesta de una infraestructura y un mecanismo de financiación del clima centrados en la CED conlleva los siguientes principios
Apropiación nacional inclusiva y democrática
La satisfacción de las necesidades de los más vulnerables y marginados no se agota en la asignación de recursos directos y adecuados lo antes posible. Para ser inclusiva o eficaz, la ayuda climática debe garantizar que los países en desarrollo establezcan sus propias prioridades nacionales de desarrollo. Para ello, la participación de las partes interesadas de los países y de las OSC debe ir más allá de las consultas episódicas realizadas por los gobiernos.
Aumentar la inclusión y la participación significativa de las OSC en la planificación del desarrollo y en los procesos de la CMNUCC forma parte de la tarea de hacer que la financiación del clima sea más accesible para las comunidades de base que, en última instancia, son las más afectadas por la crisis climática. Esto incluye que los socios para el desarrollo y otros actores relevantes alineen su apoyo con los sistemas de los países y las comunidades y las prioridades territoriales, además de reconocer los conocimientos y habilidades tradicionales de la gente sobre el terreno. . Dentro de los recursos climáticos y el apalancamiento de las inversiones y las negociaciones, se sabe que la práctica más extendida y común es proponer falsos enfoques de «cero emisiones» y «cero neto» que en realidad dependen de los combustibles fósiles. También se siguen aprobando[2], financiando e iniciando proyectos con combustibles fósiles, a pesar de las recomendaciones urgentes del último informe del IPCC.
Mayor transparencia y responsabilidad a nivel nacional
Al existir muy pocos mecanismos de responsabilidad mutua a nivel de país, nos arriesgamos a un presente y un futuro próximo en el que la responsabilidad de los países desarrollados respecto a las NDCs sea cada vez más débil, aparte de ser voluntaria. Además, esto se traduce en una ayuda climática que no es ni de lejos un verdadero complemento de la AOD.
Un mecanismo significativo de rendición de cuentas a nivel nacional se establece cuando los países y sus socios de desarrollo construyen procesos a nivel nacional que van más allá de ser consultivos. Dichos procesos deben ir acompañados de medidas de capacitación que tengan como objetivo ayudar a las partes interesadas del país a utilizar los datos para fortalecer la rendición de cuentas.
La transparencia en la financiación del clima se logrará cuando se tomen medidas deliberadas para garantizar que toda la información relacionada con el seguimiento de los avances en el desarrollo esté disponible públicamente para los ciudadanos interesados y el acceso de las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional [3] lo que implica desglosar los datos existentes y futuros en el seguimiento de la información de la AOD asignada a la financiación del clima, así como abordar correctamente la enorme brecha entre las subvenciones y los préstamos en la entrega efectiva de la financiación del clima, poniendo (priorizando) los intereses de las personas por encima de los beneficios.
Un entorno propicio para las alianzas inclusivas
El establecimiento de un espacio cívico abierto defiende las alianzas inclusivas como principio básico para lograr la cooperación al desarrollo. Un espacio cívico abierto es aquel que está libre de acoso y de violaciones de los derechos humanos, y garantiza un compromiso cívico sostenido y una participación significativa a nivel subnacional.
Un entorno propicio reconoce lo que la sociedad civil puede aportar, reconociendo que un enfoque de toda la sociedad es esencial e influye en el fomento de los derechos humanos, la toma de decisiones inclusiva y el cambio transformador en la respuesta climática.
Todos los actores del desarrollo deben crear las regulaciones legales y políticas que permitan el espacio necesario para las OSC, permitiendo o promoviendo verdaderamente las alianzas de financiación climática con los donantes, las organizaciones comunitarias y los gobiernos locales que se centran en el empoderamiento, la toma de decisiones y el desarrollo de capacidades. De la mano de esto está el garantizar que la financiación climática nunca se convertirá en un arma a expensas no sólo de los derechos humanos y los derechos de los defensores del medio ambiente [4] sino también de las personas y sus comunidades, la biodiversidad, los ecosistemas y el medio ambiente.
Centrarse en los resultados determinados a nivel nacional
Si bien los marcos dirigidos por los países son la base del desarrollo inclusivo, un sistema sólido de monitoreo y evaluación es igualmente crucial para evaluar si las inversiones están cosechando beneficios a largo plazo para los países receptores.
Los resultados deben conducir a la resiliencia climática. Por lo tanto, la financiación climática será eficaz cuando los impactos de los objetivos y resultados de desarrollo se examinen en función de si cumplen con las estrategias y prioridades «propias del país». Esto incluye la aplicación, el monitoreo regular y la evaluación de la adhesión a los principios de eficacia del desarrollo en la administración de la financiación climática, especialmente la proporcionada por los donantes bilaterales, las instituciones financieras internacionales (IFI) y los bancos multilaterales de desarrollo (BMD).
La cooperación al desarrollo puede lograrse y mantenerse asegurando que la financiación climática asignada a proyectos de mitigación y adaptación produzca resultados transformadores duraderos. Esto también se alinea con el llamamiento del Sur global para aumentar los recursos para la adaptación, incrementando urgentemente el uso de subvenciones en lugar de préstamos para revertir las tendencias de endeudamiento vinculadas a la asignación de recursos para la financiación climática, así como incorporando la necesidad de una financiación climática específica para pérdidas y daños.
Dado que las tácticas que se hacen pasar por soluciones sostenibles amenazan con poner en peligro la esencia de la respuesta/compromisos climáticos y las comunidades que tanto lo necesitan, la sociedad civil debe pedir equidad y justicia para reflejar realmente cómo deben aplicarse la ayuda y las reparaciones en la transición justa hacia un futuro sostenible para todas las diversas formas de vida en nuestro planeta. #
* Mia Grace Malit fue becaria de la AOED
[1] Las actuales NDC de las Partes no están en camino de cumplir los objetivos del Acuerdo de París, con problemas identificados que van desde la falta de financiación y capacidad adecuadas hasta el insuficiente compromiso político y la recesión económica relacionada con la pandemia.
[2] Por ejemplo, siete nuevos proyectos de petróleo y gas financiados por el Reino Unido, Estados Unidos y Exxon Mobil, entre otros, han surgido a diestro y siniestro en América Latina, África y el Mar del Norte.
[3] El 40% de los países encuestados por la AOED en 2019 compartieron que el acceso a la información requerida a nivel nacional se consideraba inexistente o muy pobre, con muy pocas OSC a nivel de país accediendo o utilizando los datos del CAD de la OCDE o la IATI.
[4] El Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en 2021, desempeña un papel importante como primer tratado regional que regula la protección jurídica de los defensores del medio ambiente y los derechos humanos en América Latina y el Caribe.