El 15 de agosto de 2021, el mundo fue testigo de los devastadores acontecimientos de la actual guerra civil en Afganistán. Las fuerzas talibanes han reconquistado la sede del poder en Afganistán tras la retirada de las fuerzas estadounidenses, lo que marca el «fin» de su ocupación durante décadas. Como resultado, miles de afganos se apresuraron a huir del país, mientras que otros han buscado refugio en países vecinos como Pakistán e Irán. Los costes incalculables quedarán al descubierto en las próximas décadas.
Historia de conflictos e inestabilidad
Estados Unidos y sus aliados occidentales invadieron el país tras los atentados del 11-S con el pretexto de una guerra contra el terrorismo y la agresión. Tras la guerra, Estados Unidos instaló un gobierno de transición e introdujo sus nociones de «democracia» en una sociedad que, por lo demás, era profundamente conservadora. Desde entonces, la ayuda oficial al desarrollo (AOD) ha sido millonaria para apoyar la reconstrucción y la construcción de la nación. Sin embargo, gran parte de esta AOD fue utilizada por el gobierno de transición y sus aliados para el militarismo, en lugar de abordar la pobreza y la exclusión agravadas por la guerra en curso. Según los informes, sólo Estados Unidos gastó 2 billones de dólares en Afganistán, principalmente para su campaña militar en la región.
Deseo de un verdadero desarrollo
En la actualidad, Afganistán ocupa el puesto 169 de 189 países y territorios en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, y es uno de los principales productores de opio del mundo. Casi la mitad de la población afgana vive por debajo del umbral de la pobreza (Banco Asiático de Desarrollo, 2020), mientras los contratistas extranjeros sacan petróleo del país, los funcionarios se embolsan los fondos del gobierno y los señores de la guerra locales presiden el creciente comercio de opio. En esta coyuntura, los crecientes costes del militarismo y la guerra han obligado a Estados Unidos a firmar un acuerdo de paz con los talibanes. Sin embargo, su desordenada aplicación puso en peligro a millones de afganos, especialmente a las mujeres y las niñas.
La experiencia de Afganistán muestra la continua insensatez de promover un desarrollo que no esté anclado en una paz justa y en los derechos y aspiraciones de la población. La ausencia de la debida consideración a los principios de una cooperación al desarrollo eficaz: apropiación democrática basada en la voluntad y los intereses de la población, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad compartida, asociación inclusiva para el desarrollo y enfoque en los resultados, en los esfuerzos de desarrollo durante la ocupación ha llevado la situación a la situación actual.
Llamamiento a la solidaridad internacional centrada en el enfoque basado en los derechos humanos
El pueblo de Afganistán necesita la solidaridad internacional. La comunidad internacional, incluidos todos los actores del desarrollo, debe movilizar recursos y habilitar mecanismos de apoyo al pueblo afgano que sufre esta crisis humanitaria.
La AOED acoge con satisfacción el llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas para que todos los Estados no abandonen al pueblo afgano y utilicen todos los medios dentro de los límites de las normas internacionales de derechos humanos para detener las atrocidades. Pedimos a la ONU y a todos los Estados que garanticen los derechos de todos los ciudadanos afganos.
Exigimos que Estados Unidos rinda cuentas e instamos a otros Estados, especialmente a los que participaron en esta ocupación, a que adopten medidas de reparación como una cuestión de responsabilidad moral. Esto debería incluir la apertura de sus fronteras a las personas vulnerables de Afganistán que buscan refugio. Concretamente, recomendamos que se introduzcan cambios rápidos en los programas de inmigración para acoger a todos los refugiados que han quedado en situación de vulnerabilidad a causa de esta situación.
También pedimos a los Estados que presten asistencia humanitaria guiada por los principios de solidaridad, no condicionalidad y protección internacional en consonancia con los marcos de derechos humanos. El apoyo debe dirigirse a las necesidades de la población -no a los intereses geopolíticos- y responder al nexo entre ayuda humanitaria, paz y desarrollo. En la misma línea, pedimos que se incremente la financiación a las organizaciones de la sociedad civil afgana centradas en la paz y las iniciativas humanitarias, y que se deje de prestar ayuda militar que alimenta la guerra en las zonas afectadas por el conflicto.
El gobierno dirigido por los talibanes debe cumplir su compromiso de respetar las obligaciones de Afganistán en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos y permitir que las Naciones Unidas y los observadores internacionales independientes entren en el país para supervisar y promover la protección de los derechos humanos.
Por último, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Afganistán que aspira a una paz y una democracia justas, a la igualdad de género y a la autodeterminación. Nos unimos a los miembros de la sociedad civil afgana en la lucha por el reconocimiento como actores independientes del desarrollo y el respeto de los derechos humanos. Nos unimos a ellos en la exigencia de un espacio cívico para desempeñar sus funciones sociales y en el llamamiento a la protección de los civiles, especialmente las mujeres y las niñas, las minorías étnicas y los periodistas, contra la violencia y otros daños. 
Promover la paz y la seguridad en Afganistán es responsabilidad de todas las partes interesadas. Junto con el resto del mundo, defendemos la justicia social y la auténtica reconciliación en Afganistán. Abogamos por unas instituciones de gobierno que curen las heridas de sus comunidades desgarradas por la guerra. Que se aborden las raíces del conflicto y que encuentren una paz y un progreso duraderos. #
