Aquella mañana reinaba la emoción, ya que planeábamos una visita a la comunidad masái, no muy lejos de Nairobi, Kenia. Llevaba mucho tiempo escuchando las intervenciones de los líderes masáis en varios foros de pueblos indígenas (PI) en las Naciones Unidas, pero todavía no había visitado sus territorios. Algunos miembros del Grupo de trabajo sobre las situaciones de conflicto y fragilidad de la AOED tuvieron la oportunidad de visitar a miembros de la comunidad masái de la zona de Olkaria el 8 de marzo de 2018 y familiarizarse con el patrón de conflicto y las problemáticas persistentes en el seno del pueblo masái de Kenia, así como su lucha por la supervivencia. Los masáis son uno de los PI más grandes de Kenia, aunque también habitan en la región del Serengueti de Tanzania. En los territorios tradicionales del pueblo masái abunda la fauna salvaje, muy diversa, y su estilo de vida y sus culturas están centradas en su estrecha afinidad con la naturaleza y la fauna.
Llegamos a un cañón de aspecto imponente de camino al Centro Cultural de los Masáis de Olkaria, un lugar cercano al parque natural con algunos puestos improvisados en los que se vendían utensilios y objetos artesanales de los masáis. Un grupo de masáis, entre los que se encontraban varias mujeres, jóvenes y ancianos, nos dio la bienvenida. Los atuendos tradicionales que vestían los masáis más ancianos, caracterizados por las rayas de color verde, azul y rojo oscuro, contrastaban de forma fascinante con los colores lúcidos del bosque, el cielo y los imponentes paisajes y desfiladeros. El asentamiento del poblado masái que me habría gustado conocer no se encontraba en ningún sitio.
Mientras conversábamos con los líderes de la comunidad, un ruido estridente nos interrumpió. El sonido era similar al de un chorro a presión, y procedía de varios emplazamientos de los proyectos de energía geotérmica, a casi un kilómetro de distancia del Centro Cultural de los Masáis, dentro de los confines del parque nacional Hell’s Gate.
Daniel Shaa, uno de los ancianos de la comunidad, nos explicó que, hace mucho tiempo, el pueblo masái vivía y obtenía su sustento en una extensión de tierra muy vasta, y contaba con la propiedad comunitaria de esa tierra sin ningún título que lo certificase. Los británicos arrebataron la tierra a los masáis por la fuerza y los constriñeron a territorios pequeños. Nunca se devolvieron los territorios arrebatados a los masáis, ni siquiera después de la independencia de Kenia de los británicos. La tierra que entregaron los británicos se la apropiaron las élites poderosas, que impusieron los títulos de propiedad y continuaron adueñándose de los territorios del pueblo masái. Las tierras restantes de los masáis en la región de Olkaria, cerca del Gran Valle del Rift, pasaron a ser parques nacionales o se utilizaron como emplazamientos en los que construir plantas geotérmicas.
Además, algunos kenianos ricos y empresas agrícolas neerlandesas establecieron negocios agrícolas gigantescos, como la exportación de flores; eso intensificó la alienación de las tierras. Cuando buscaba tierras de los masáis para el parque, el Servicio de Vida Silvestre de Kenia (Kenya Wildlife Service, KWS) les prometió que compartiría los beneficios del parque nacional con ellos, algo que no hizo. Después de apropiarse de todo su territorio para constituir el parque, lo único que hizo el KWS fue imponer restricciones al libre acceso de los masáis y demandarlos por estar dentro del parque, una tierra que había pertenecido a este pueblo de forma legítima durante muchas generaciones. Los procesos de vallado del área del parque que está llevando a cabo el KWS pasan por encima del Centro Cultural de los Masáis, un área de algo menos de 6 hectáreas, y van en contra de la voluntad de los masáis, a los que ni siquiera se les ha pedido su consentimiento. Este proyecto restringirá todavía más el acceso a sus tierras y alterará las pequeñas actividades económicas de artesanía tradicional que realizan las mujeres masáis. Con el expolio de su tierra y la desaparición de su única fuente de recursos económicos, el pueblo masái de Olkaria deberá hacer frente a un empobrecimiento todavía mayor y a una situación de difícil supervivencia.
Las centrales de energía geotérmica Olkaria I, Olkaria II, Olkaria III (inauguradas en el año 2000) y Olkaria IV (inaugurada en el año 2014) se ubican dentro del territorio de los masáis, ahora situado dentro del parque nacional Hell’s Gate. En 2010, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial, el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW, el banco de desarrollo alemán), la Agencia Francesa de Desarrollo y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional decidieron invertir en Olkaria V, una ampliación de los proyectos de energía geotérmica Olkaria I y IV, que implicaba la construcción de infraestructura con una capacidad de generación de energía geotérmica adicional equivalente a 280 MW. El Banco Africano de Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional, la USAID, Power Africa y la Corporación de Inversión Privada en el Extranjero estadounidense también financiaron una parte del proyecto. En 2016, Kenia producía 544 MW de energía geotérmica, y el gobierno está impulsando iniciativas para aumentar la generación de energía geotérmica hasta llegar a 1110 MW en 2020. A causa de los planes adicionales de crear y poner en funcionamiento más proyectos geotérmicos en la zona, esta se volverá inhabitable; no solo por culpa de los constantes sonidos ensordecedores, sino también por los múltiples impactos medioambientales que implican.
Esther Silom, una anciana masái de Olkaria, también relató el sufrimiento del pueblo masái, agravado desde la creación del parque nacional Hell’s Gate y el inicio de los proyectos de generación de energía geotérmica en la zona de Olkaria en la década de los ochenta. Contó cómo la totalidad del territorio que actualmente ocupan el parque nacional y los proyectos energéticos solía pertenecer a los masái y expresó su indignación por el asentamiento del parque y de los proyectos energéticos desde 1971, que no respetaban sus derechos consuetudinarios sobre ese terreno, y por el fracaso de sus instituciones tradicionales a la hora de buscar el consentimiento de los masái, a quienes forzaron a desplazarse a nuevas ubicaciones en las que no tenían formas de sustento alternativas.
Habló sobre su larga experiencia en la lucha por los derechos sobre el territorio y por la supervivencia de su familia, y protestó: “Estamos realmente oprimidos”. Aquellos que oprimen a otros deben tomar en consideración los derechos de supervivencia de otros pueblos. Los niños masáis van al colegio pero, a causa de la pobreza y la lucha por sobrevivir, no pueden acceder a la educación superior. Por ese motivo, muchos siguen sin tener trabajo y la pérdida de sus tierras hace que sus opciones para sobrevivir sean mucho más escasas. Las mujeres, los ancianos, los discapacitados y las viudas son quienes más han sufrido.
Esther se lamentó de que el pueblo masái hubiera sido obligado a pasar de una tierra buena, llana y productiva a otra tierra estéril y rocosa en nombre del desarrollo. “El mundo debe escuchar cuál es nuestra realidad, lo difícil que lo tenemos para sobrevivir”, afirma Esther. Según ella, la palabra “oprimidos” describe bien el despotismo, la hegemonía del estado y la conspiración con fuerzas neoliberales que buscan saquear la tierra del pueblo y sus recursos impunemente. Debido a su limitada representación en la esfera política de Kenia, los políticos locales y nacionales no tienen interés en abordar los problemas de los masáis de la región de Olkaria.
El encargo de los proyectos Olkaria del I al V ha tenido como consecuencia el desplazamiento forzado de cuatro pueblos indígenas masáis a unas zonas de reasentamiento de poco menos de 700 hectáreas conocidas como “tierra RAP”, que han resultado ser alquiladas y, por tanto, no son propiedad de las personas afectadas. Se exige a los masáis reubicados que paguen aproximadamente 1700 USD por esta zona de reasentamiento. El pueblo masái perdió sus tierras y ahora ya no puede dedicarse a la ganadería, porque el ganado no puede pastar en ese territorio, ni puede acceder a otras formas de sustento. En la tierra RAP, se enfrentan a numerosas dificultades, como el limitado acceso a fuentes de agua y la falta de infraestructuras y escuelas. Las mujeres, los ancianos, los discapacitados y las viudas son quienes más han sufrido.
Además de las consecuencias sobre el sustento del pueblo masái, los proyectos de energía geotérmica han tenido también impactos medioambientales, sobre todo en la fauna del parque debido a su ubicación en un ecosistema frágil. Las excavaciones para construir las estructuras del proyecto propiciaron la destrucción de hábitats y afectaron a los lugares de cría de las aves, y el uso de maquinaria pesada durante el desarrollo del proyecto provocó una emisión de ruido descontrolada. El vertido de salmuera proveniente de los pozos de producción ha contaminado el agua y el suelo, por lo que se ha incrementado la demanda de agua para excavar pozos geotérmicos. Esto ha conllevado una extracción excesiva de agua del cercano lago Naivasha, un sitio Ramsar, con objetivos domésticos e industriales.
Las instituciones financieras internacionales (IFI) que invirtieron en el proyecto no reconocieron los derechos de los PI ni implementaron políticas de protección para mitigar los impactos múltiples. Representantes de los pueblos afectados presentaron una querella contra el Panel de Inspección del Banco Mundial y el Mecanismo de Reclamaciones del BEI por las consecuencias del proyecto y el incumplimiento de políticas de salvaguardia en el proceso de reubicación. Las personas afectadas mostraron su preocupación por los aspectos sociales y medioambientales relacionados con el desarrollo de Olkaria V, un proyecto llevado a cabo con la financiación de la JICA. El 8 de febrero de 2017, ciertos miembros de la comunidad quisieron transmitir dichas preocupaciones organizando una protesta ante las oficinas de la JICA y KenGen de Nairobi. Como respuesta, el 15 de febrero de 2017, KenGen presentó cargos ante la Corte Suprema de Kenia en Nakuru contra miembros de cuatro aldeas masáis.
Las tensiones y los conflictos entre los PI de Olkaria y el estado de Kenia, el cual sigue conspirando con empresas multinacionales y con las IFI, se están intensificando. El énfasis apabullante de estas instituciones en favorecer el interés empresarial en detrimento de los derechos comunitarios es una clara prueba de cómo los principios de la eficacia del desarrollo, que engloban los derechos humanos, la sostenibilidad ecológica, la igualdad de género y la rendición de cuentas, han sido socavados. Lo que está sucediendo en la región de Olkaria es una repetición de la explotación colonial europea que sufrió África hace algunos siglos, pero esta vez presenta un modus operandi de principios neoliberales claramente establecidos y mecanismos que legitiman el saqueo y el expolio de recursos de países en desarrollo como Kenia, que se ven reducidos a un instrumento y un mecanismo para servir a los intereses de países desarrollados y sus empresas. Pero la pregunta que debería plantearse es: ¿puede avanzar un país empobreciendo a su propio pueblo, como a los masáis de Kenia? ¿Cómo puede este proceso explotador presentarse como sinónimo de desarrollo?
Por desgracia, aquellos implicados en los controvertidos proyectos de energía geotérmica de Olkaria también son los que se involucran cada vez más en la financiación de industrias de extracción, proyectos de energía hidráulica y proyectos de infraestructuras en Manipur y en todo el noreste de la India.
A pesar de las dificultades, los masáis que luchan por sus derechos, denuncian los casos ante el gobierno, los impugnan en los tribunales y se manifiestan contra la falta de rendición de cuentas y la financiación explotadora por parte de instituciones financieras son una fuente muy importante de esperanza para los masáis, así como para muchos otros pueblos que están implicados política y económicamente y que también están sufriendo graves dificultades. También es una oportunidad para que las IFI, los países donantes, las empresas multinacionales y el mismo estado reflexionen sobre los defectos de su modelo de desarrollo aplicado en los territorios indígenas y mejoren en cuanto al reconocimiento de los derechos de los PI, así como el cumplimiento incondicional con los estándares de derechos humanos y con los principios de la eficacia del desarrollo.
Los estados deberían garantizar el respeto por el estilo de vida de los PI, la relación de supervivencia que tienen con su tierra y su derecho a que se les solicite un consentimiento informado, previo y libre para cualquier decisión de desarrollo que afecte a sus tierras, recursos, derechos y futuro. Las corporaciones, las IFI y el Estado deben dejar de apoyar proyectos de desarrollo. Debería detenerse cualquier intimidación o represalia contra las personas que cuestionan los llamados proyectos de desarrollo y que pretenden luchar por sus derechos y la justicia. El diezmo y la aniquilación completa de PI, el hecho de alienarlos de sus territorios y de sus fuentes de supervivencia y empujarlos hasta el límite de la extinción, acabando con el futuro de sus generaciones, no pueden considerarse desarrollo real y, por tanto, debería detenerse.